Guatemala, Derecho a la alimentación, para los pueblos dejados atrás en Guatemala.
Guatemala es la mayor economía de América Central en términos de población (estimada en 17,3 millones en 2022) y actividad económica (con un producto interno bruto -PIB- de US$ 92,7 mil millones en 2022). El país ha experimentado un crecimiento estable (3,5 por ciento en promedio durante 2010- 2019), respaldado por una prudente gestión fiscal y monetaria y una economía abierta, y tuvo una de las menores contracciones económicas (-1,8 por ciento) de la región de América Latina y el Caribe (ALC) en 2020 durante la pandemia de la COVID-19. El país ha regresado a un crecimiento económico superior al promedio de ALC. El PIB de Guatemala creció un 4,1 por ciento en 2022 y un 3,5 por ciento en 2023 y se espera que crezca un 3 por ciento en 2024.
Sin embargo, el sólido crecimiento económico de Guatemala no se ha traducido en una fuerte reducción de la pobreza: las tasas de pobreza y desigualdad del país se encuentran entre las más altas de ALC, con una numerosa población desatendida, mayoritariamente rural e indígena con un coeficiente de Gini de 48.3. Se estima que en 2023 un 55,1 por ciento de la población vivía en pobreza y que el tamaño de la economía informal de Guatemala representó un 49 por ciento del PIB, con el 71,1 por ciento de la población ocupada empleada en el sector informal.
El derecho a una alimentación balanceada debe de ser uno de los pilares fundamentales de los gobiernos, sin embargo, ha sido uno de los derechos más violados en Guatemala. El cumplimiento de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, pasa por el ejercicio de los gobiernos de respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. En el índice mundial del hambre Guatemala para el 2023 tiene una puntuación de 19,1, lo que supone un valor moderado; es el segundo país a nivel centroamericano con el mayor indice de hambre y un 46,0% (entre los 5 países con mayores porcentajes más altos del mundo) en el retraso del crecimiento infantil menores de 5 años. En el contexto de la implementación de las medidas neoliberales en Guatemala, el ajuste estructural traducido en el debilitamiento de los Gobiernos es uno de los principales obstáculos para que se respeten, se protejan y se hagan cumplir los derechos humanos.